Suele decirse que, de acuerdo al c... son los azotes y esta vez les toca a los acopiadores. Vale recordar que la mayoría de ellos son también vendedores de semillas y desde los años 90 se hicieron los "sotas" cuando Nidera comenzó con la exigencia del pago de regalías por la patente de los trigos franceses... total, a los que jodían era a los productores...
Pero estas monstruosas multinacionales van por más y en el camino, no miran si afectan a quien hasta ayer fue un buen "colaborador" (en Dudignac les decían alcahuetes), para ellos lo más importante es el Dinero y el Apoderarse del Control del Mercado.
Recuerdo una vez en que el entonces Ministro de Agricultura Miguel Campos anduvo por La Pampa y pasó por Macachin allá por el 2003... mi pregunta fue directa a este punto de la propiedad intelectual que ya comenzaba a insinuarse en forma preocupante. El hombre, joven y lleno de ideales pensaba desarrollar un modo como el de los países europeos (Francia por ejemplo). Cobrar un canon sobre los certificados de depósito y de esa manera, quien cosecha más (porque usa mejor tecnología), paga más y luego ese dinero se reparte entre las empresas semilleras en función de cuánto invirtieron en tecnología... el hombre perduró en su mandato los 4 años con Néstor, pero su ideas no perduraron... vaya uno a saber qué, quién, por qué o con qué cambió de idea... una lástima porque hubiera sido un momento político apropiado para una medida tan revolucionaria.
Lo que está bueno ahora, es observar la opinión de los "actores" del campo según los "intereses y compromisos" que tienen y de esa manera, una vez más poder ver quien es quien y para que lado tira.
Lo que viene a continuación es el Comunicado de la Federación de Acopiadores.
Los saludo con afecto.
Ing. Agr.: Sergio La Corte
Macachín - La Pampa.
Conflicto en la comercialización de soja 2016
La “cláusula de biotecnología” distorsiona el comercio
de granos argentino
La Federación de Acopiadores vuelve a alertar sobre el gravísimo problema que acarrea
el ilegal y compulsivo sistema diseñado por Monsanto para el cobro de patentes.
El esquema de recaudación que
Monsanto intenta imponer compulsivamente para el
cobro de la tecnología Intacta incorporada a la semilla de soja hará estallar un nuevo conflicto
cuando se comercialice el grano de la nueva campaña, algo que ya ha comenzado a manifestarse
en las operaciones forward.
Desde la Federación de Acopiadores entendemos que es importante que a los dueños de
las tecnologías se les retribuya por sus aportes a las semillas. Pero estamos convencidos que el
procedimiento elegido por Monsanto, de utilizar a los comercializadores de soja para que funcionen
como sus agentes de recaudación, no es el camino.
La situación
Como
Monsanto no quiere asumir el costo de la cobranza del canon de la semilla, pretende
utilizar a los agentes del comercio de granos como sus recaudadores. Así, exportadores,
acopiadores y cooperativas, que nada tienen que ver con el negocio de la semilla de soja, se ven
involucrados en un mecanismo que distorsiona el comercio al ser obligados a actuar como agentes
de retención y recaudación a favor de la empresa multinacional.
Este mecanismo, que es fuertemente cuestionado y rechazado por las entidades de
productores, acopiadores, cooperativas y corredores, así como también Aapresid sostiene que tanto
el germoplasma como la tecnología deben cobrarse en la semilla y no en el grano de soja, tuvo
principios de ejecución para la soja de la presente campaña 14/15 producida en el NOA y NEA.
Pudo ser instrumentado porque
Monsanto obligó a los compradores finales (exportadores e
industriales) a incorporar en sus contratos de compra de soja en forma compulsiva, la
“cláusula de
biotecnología” comentada.
“Se compra con la cláusula sí o sí. Si no se acepta no hay compradores
de soja”.
La compañía podría llegar a quebrantar los usos, costumbres y principios que rigen la
comercialización de granos en nuestro país gracias al condicionamiento que impuso a los
exportadores para otorgar los “certificados de bioseguridad” que China exige a la importación de
soja.
Es evidente que si no existe alguna solución por parte del Estado que resuelva
semejante conflicto, la comercialización de la próxima campaña de soja tendrá serios
problemas.
En rigor, el problema ya comenzó a manifestarse porque hoy los exportadores imponen, en
sus contratos de compra de grano de soja de la próxima campaña (forwards), la famosa cláusula
de biotecnología por la cual los acopiadores, que no somos los dueños de la soja, debemos aceptar
la retención de hasta U$S 15 por tonelada en caso de que el grano contenga la presencia de
tecnología patentada por Monsanto que, recordamos, es un procedimiento aplicado a la semilla que
nada tiene que ver con el grano y el uso que se le dará.
Está claro que ante la imposibilidad de encontrar una “solución de mercado” (todos los
exportadores han celebrado acuerdos secretos con
Monsanto y los vendedores no tenemos opción),
el conflicto requiere una solución del Estado, arbitrando entre los intereses y posiciones de las
partes. Es un claro ejemplo de la necesidad de una intervención estatal para la solución de
conflictos.
Qué dice la Ley
El artículo 8, inciso b, de la ley de patentes T.O. 1996 establece: “… Cuando la materia de
la patente sea un procedimiento, el titular de una patente de procedimiento tendrá derecho de
impedir que terceros, sin su consentimiento, realicen el acto de utilización del procedimiento y los
actos de uso, oferta para la venta, venta o importación para estos fines, del producto obtenido
directamente por medio de dicho procedimiento”.
De este artículo se desprende claramente que la protección al inventor del procedimiento –
en este caso,
Monsanto- se extiende hasta la semilla, que es el producto obtenido directamente por
el procedimiento. Pero nunca se puede argumentar que se extiende al grano que es el fruto de la
planta que se obtiene con la semilla. Mucho menos cuando dicho grano se mezcla, con pérdida de
identidad en el acopio y se comercializa con otras finalidades (consumo animal o humano) que
nada tienen que ver con la siembra.
Desde la Federación de Acopiadores insistimos en que la comercialización del
grano de soja “no destinado a la siembra en nada lesiona o afecta los derechos de
patentes que Monsanto posee sobre procedimientos incorporados a la semilla”. Por lo
tanto, Monsanto no puede interferir en la comercialización del grano de soja.
Tres poderes y ninguna solución
Los tres poderes del Estado están en conocimiento de la existencia de este conflicto. El 19
de mayo de 2015, el Jefe de Gabinete del Gobierno Nacional anunció en una reunión junto al
Ministro de Agricultura y el Secretario de Agricultura, la sanción inminente de un Decreto de
Necesidad y Urgencia (DNU) por el cual tanto la tecnología, como el germoplasma, se pagarían en
la semilla, poniendo fin al conflicto comentado. Lamentablemente dicho anuncio quedó en una
promesa más realizada e incumplida por este Gobierno.
Al mismo tiempo, se afirma que existe un proyecto de ley a los fines comentados, aunque
no existe actividad legislativa en este sentido que permita alentar alguna esperanza.
También entidades de productores presentaron una acción en la Secretaría de Comercio, en
la comisión de Defensa de la Competencia, que está frenada.
En el poder judicial existen, desde el 5 de junio de 2015, dos demandas presentadas por la
Federación de Acopiadores contra la inclusión de la cláusula de biotecnología en los contratos de
compraventa de soja, con pedido de una medida cautelar que todavía no encuentran la designación
de un juez que asuma la competencia, después de haber pasado por la Cámara Arbitral de la Bolsa
de Cereales de Buenos Aires, que se declaró incompetente para actuar en una situación de estricto
derecho.
Del lado privado hubo reuniones entre representantes de la Federación de Acopiadores y
Monsanto a los fines de encontrar entendimientos.
Estas reuniones terminaron toda vez que
Monsanto insiste en querer utilizar a las empresas acopiadoras como cobradoras de
supuestas deudas que, con ella, pudieran tener los productores, circunstancia que
hemos rechazado enfáticamente y seguiremos haciendo.
Síntesis
Una vez más reiteramos nuestro total rechazo a que
Monsanto, sin tener derecho alguno,
nos obligue a hacer un trabajo que no queremos realizar, que pretendan pagarnos lo que a ellos se
les ocurra y que nos pongan en una situación terminal, pues aceptar su leonina exigencia nos
quiebra la relación comercial con nuestros clientes y nos ubica en la ilegalidad al retener, de
manera indebida, dinero de los productores sin ningún otro motivo que una orden de una empresa
privada.
Reiteramos nuestro llamado al Poder Ejecutivo para que, más allá de comentarios donde
expresan su repudio a la actitud de
Monsanto, se pongan los pantalones largos e intervengan para
evitar el avasallamiento de empresas multinacionales que no respetan el orden legal ni jurídico,
pudiendo provocar el sojuzgamiento o desaparición de pequeñas y medianas empresas
acopiadoras.
A los exportadores les exhortamos a que reflexionen sobre el inmenso daño que ocasionan
a pequeñas empresas familiares que, aparte, han sido siempre sus proveedores. El abuso de
posición dominante en que incurrirían y los contratos de adhesión son figuras que claramente están
repelidas por el Ordenamiento Jurídico en General.
Alertamos acerca de los permanentes mensajes de
Monsanto que se esfuerzan en afirmar
que toda la cadena comercial ha aceptado su sistema. Es otra maniobra de esta empresa utilizada
para ocultar su verdadero propósito: convertir a los acopiadores y cooperativas en sus amanuenses
para poder cobrar a los productores lo que ellos determinen.
También solicitamos a empresas, cámaras sectoriales, Bolsas y Mercados que defiendan el
sistema de comercialización actual, manifestándose en contra de semejante atropello que podría
tener peligrosas derivaciones. Imaginemos por un instante la posibilidad de que todos los
proveedores de insumos y servicios a la producción pretendieran utilizar a la cadena
comercial para actuar como recaudadores de sus posibles acreencias. Sin dudas sería el
fin de un sistema comercial eficiente, equitativo, seguro, ágil y ordenado legal y
jurídicamente.
