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27 de mayo de 2010

¡Importante para los Arrendatarios de Campos!

Advierten que el arrendatario deberá retener el 28% de Ganancias al alquilar campos no inscriptos en el Registro de Operaciones Inmobiliarias

El productor debe verificar que el propietario del campo haya cumplido con la disposición de la Afip. Si no lo hace puede peligrar su permanencia en el Registro Fiscal de Operadores de Granos
La Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) creó –mediante la resolución 2820/10– un nuevo régimen de información de operaciones inmobiliarias para sujetos dedicados a las actividades de compraventa y/o locación de inmuebles.


“Es importante tener en cuenta que un productor agropecuario, cuando pague el arrendamiento al dueño del campo, debe verificar que el mismo haya cumplido con lo dispuesto por la resolución 2820/10”, indicó hoy Claudia Chiaradía, socia de la división agropecuaria del estudio contable Chiaradía, Zabala & Asociados.
“De lo contrario deberá retener al arrendador el 28% en concepto del Impuestos a las Ganancias. Asimismo si el productor incumple con sus obligaciones peligrara su permanencia en el Registro Fiscal de Operadores”, añadió Chiaradía por medio de un comunicado.
La normativa indica que deberán inscribirse en el “Registro de Operaciones Inmobiliarias” las personas físicas, sucesiones indivisas y demás sujetos (sociedades, empresas, fideicomisos, condominios, asociaciones o entidades de cualquier clase, constituidos en el país). Cuando el o los inmuebles pertenezcan a sujetos residentes en el exterior, la obligación estará a cargo de sus representantes en el país.


Fuente: Infocampo

29 de abril de 2010

Resolución ONCCA 1213/10. Devolución Retenciones Trigo

Devolución de retenciones para pequeños productores trigueros

La ONCCA reglamentó el mecanismo de devolución de retenciones a los productores trigueros que produzcan hasta 800 toneladas anuales.
Con la publicación en el Boletín Oficial de la Resolución 1213/10, la ONCCA, en cumplimiento a lo establecido en la resolución conjunta 57 y 106, del 1º de marzo de 2010, de los Ministerios de Agricultura y de Economía, dicta las normas complementarias que ponen en funcionamiento el mecanismo compensatorio de devolución de retenciones. En esta opo rtunidad, la ONCCA reglamenta el mecanismo de devolución correspondiente al trigo. Resta definir el procedimiento para los productores de maíz de hasta 1240 toneladas al año.
De acuerdo a lo establecido por el organismo, el monto de la devolución será de 187 pesos por tonelada declarada para la presente campaña. Ese monto resulta de la diferencia entre los precios FOB y FAS teórico establecidos por la Subsecretaría de Agricultura para el 10 de abril de 2010, menos los costos de “fobbing” promedios de los últimos 10 días hábiles del mes de marzo de 2010.
Para acceder al beneficio, los productores deberán presentar el formulario “Producción trigo / maíz campaña 09/10 DJ – 028”, que podrán descargar del portal web de la ONCCA, www.oncca.gob.ar.
Además, deberán reflejar las operaciones por las cuales solicitan la devolución a través de la planilla “Formularios Campaña 09/10”, que podrán descargar del mismo portal. Toda la documentación deberá ser presentada dentro de los 90 días hábiles siguientes al 1º de marzo de 2010, fecha en la que se publicó la resolución conjunta de los Ministerios de Economía y Agricultura que dio nacimiento al mecanismo de compensación.
Esta Resolución modifica sustancialmente, a la citada Resolución Conjunta, en cuanto al procedimiento y los requisitos, que incluyen o excluyen a los productores en la posibilidad de tener derecho al reintegro de los derechos de exportación.
Ahora entonces, a partir del día 21 de abril pasado, para poder recibir el reintegro de los derechos de exportación, los productores de trigo deberán cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:
* Tener entregado en el circuito comercial (a un operador de granos) el trigo con el Certificado de  Depósito Intransferible (Formulario C1116/ A) antes del 23 de abril de 2010, el que deberá ser informado por el operador hasta el 26 de abril de 2010.
* Los productores de trigo que hayan presentado solicitudes en el marco de la resolución conjunta 57 y 106/2010, deberán complementar las mismas con la documentación exigida por la resolución ONCCA 1213/2010.
* Deberá presentarse toda la documentación exigida por las resoluciones indicadas, dentro de los 90 días hábiles de publicada la Resolución Conjunta.
* Un productor de trigo que no entregó los granos a un operador del comercio de granos antes del 23 de abril de 2010, no tiene derecho a recibir el reintegro de los derechos de exportación.

Dres. CP .: Alfredo Brunotti - Ana Delrío – Lidia Giovannoni - Nestor Lazzaretti - Analía Selva - Teresa Stafforte.

30 de noviembre de 2009

EMERGENCIA AGROPECUARIA

EMERGENCIA AGROPECUARIA
LEY 26.509
Créase el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios.
Sancionada: Agosto, 20 de 2009.
Promulgada: Agosto, 27 de 2009.

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

SISTEMA NACIONAL PARA LA PREVENCION Y MITIGACION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES AGROPECUARIOS

TITULO I

Objeto

ARTICULO 1º — Créase en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos del Ministerio de Producción el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios con el objetivo de prevenir y/o mitigar los daños causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos, que afecten significativamente la producción y/o la capacidad de producción agropecuaria, poniendo en riesgo de continuidad a las explotaciones familiares o empresariales, afectando directa o indirectamente a las comunidades rurales.

TITULO II

Del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios

ARTICULO 2º — La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos establecerá la estructura y la forma de implementación del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios. A tal fin se creará un Consejo Consultivo de Emergencia Agropecuaria, integrado por un (1) representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos que lo presidirá, por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, un (1) representante por cada una de las regiones agroecológicas establecidas en el Consejo Federal Agropecuario, dos (2) representantes de las universidades nacionales, y hasta dos (2) representantes de otros organismos que su presidencia considere pertinente invitar a formar parte, quedando ésta facultada por sí para solicitar también la opinión ad hoc de expertos provenientes del sistema científico-tecnológico nacional e internacional.

La misión del Consejo Consultivo será formular observaciones y propuestas con relación a los mecanismos de monitoreo y evaluación del Sistema creado por la presente ley, para lo cual:

a) Deberá reunirse al menos una vez por año para examinar: planes, informes de monitoreo y evaluación, y cualquier otro asunto que le sea sometido por su presidencia, quedando facultado para ello, a requerir información sobre los balances y aplicaciones del Fondo creado por la presente ley;

b) Podrá proponer a la autoridad de aplicación planes y revisar circuitos administrativos, procedimientos internos, formas y formularios, modalidades de contratos, sistemas de información y todas aquellas actividades que permitan el cumplimiento de los objetivos para los que se constituye el Sistema.

ARTICULO 3º — Créase la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios que estará integrada por un (1) representante titular y un (1) suplente de los ministerios de Producción, de Economía y Finanzas Públicas, del Interior, de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, del Servicio Meteorológico Nacional, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, del Banco de la Nación Argentina, del Banco Central de la República Argentina, de la Administración Federal de Ingresos Públicos, un (1) representante de cada una de las entidades del sector agropecuario con personería jurídica nacional, las que serán determinadas por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y un (1) representante de las provincias afectadas.

ARTICULO 4º — Los integrantes de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios podrán ser reemplazados en cualquier momento por los organismos y entidades que representan.
Los representantes suplentes reemplazarán a los titulares en caso de ausencia o impedimento de los mismos.
Los representantes del sector agropecuario, serán designados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos a propuesta de las entidades sindicadas en el artículo 3º de la presente ley.
La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios podrá incorporar para su integración transitoria y en la medida que lo considere necesario, representantes de entidades nacionales, provinciales y privadas.
Los integrantes de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios no recibirán honorarios ni retribuciones por sus funciones, y sólo podrán recibir viáticos porgastos de traslado.

ARTICULO 5º — Serán funciones de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios:

a) Proponer al Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos la declaración de emergencia agropecuaria de la zona afectada con delimitación del área territorial, cuando factores de origen climático, meteorológico, telúrico, biológico o físico, que no fueren previsibles o siéndolo fueren inevitables, por su intensidad o carácter extraordinario, afectaren la producción o la capacidad de producción de una región dificultando gravemente la evolución de las actividades agropecuarias y el cumplimiento de las obligaciones crediticias y fiscales;

b) Deberá proponer asimismo la fecha de iniciación y finalización, en función del lapso que se estime abarcará la emergencia y/o desastre agropecuario y el período que demandará la recuperación de las explotaciones.

ARTICULO 6º — Los estados de emergencia agropecuaria o zona de desastre deberán ser declarados previamente por la provincia afectada, que deberá solicitar ante la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios, la adopción de igual decisión en el orden nacional, debiendo ésta expedirse en un plazo no mayor de veinte (20) días.

ARTICULO 7º — No corresponderá la declaración de emergencia y/o desastre agropecuario, cuando del análisis que determina el estado de emergencia agropecuaria se concluya que la situación es de carácter permanente.

ARTICULO 8º — Para gozar de los beneficios emergentes de la presente ley:

a) Los productores comprendidos en las zonas de emergencia agropecuaria deberán encontrarse afectados en su producción o capacidad de producción en por lo menos el cincuenta por ciento (50%);

b) Los productores comprendidos en las zonas de desastre deberán encontrarse afectados en su producción o su capacidad de producción en por lo menos un ochenta por ciento (80%);

c) Los productores comprendidos en las zonas de desastre que se encontraren afectados en su producción o capacidad de producción en menos del ochenta por ciento (80%) gozarán de los beneficios establecidos para las zonas del inciso a) en las condiciones establecidas por el mismo. Las autoridades competentes de cada provincia deberán extender a los productores afectados un certificado que acredite las condiciones precedentemente enumeradas, quienes tendrán que presentarlo a los efectos del acogimiento a los beneficios que acuerda la presente ley.

Para gozar de los beneficios de la presente ley los gobiernos provinciales deberán adoptar en sus respectivas jurisdicciones medidas similares a las aquí establecidas.

Procedimientos de actuación del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios

ARTICULO 9º — La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos gestionará ante el Poder Ejecutivo nacional la declaración del estado de emergencia y/o desastre agropecuario propuesto por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

Declarado el estado de emergencia y/o desastre agropecuario la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, deberá:

a) Asignar y/o reasignar los recursos humanos, financieros y otros que el estado de situación demande;

b) Gestionar ante la Jefatura de Gabinete de Ministros los recursos presupuestarios complementarios;

c) Asistir técnica y financieramente a los productores para restablecer la capacidad financiera, productiva y económica.

d) Asistir técnica y, financieramente a los entes públicos durante el estado de emergencia y/o desastre agropecuario. Se entiende por entes públicos a aquellas dependencias del Estado o entes descentralizados o desconcentrados del Estado nacional, de las provincias o municipalidades que desarrollen planes, programas o acciones en el marco de la presente ley para disminuir la vulnerabilidad de los productores agropecuarios y las poblaciones rurales;

e) Coordinar con las provincias, municipios, Banco de la Nación Argentina, agentes financieros provinciales o municipales, la asistencia al productor agropecuario afectado por los fenómenos adversos, facilitando, con sujeción a las condiciones que establezca la autoridad de aplicación, la provisión de los recursos en tiempo y forma.

ARTICULO 10. — La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, en forma directa y/o conjuntamente con los Estados provinciales, municipales o comunales, implementará acciones con posterioridad al lapso comprendido en la situación de emergencia y/o desastre agropecuario para:

a) Asistir financieramente a la reconstitución del aparato productivo;

b) Control y monitoreo del sistema de asistencia para que los recursos asignados sean destinados a los fines propuestos por la presente ley;

c) Asistir a los productores agropecuarios para reducir las pérdidas durante la emergencia y/o el desastre agropecuario, recuperar la capacidad productiva de los sistemas de producción y reducir la vulnerabilidad para eventos futuros.

ARTICULO 11. — La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos organizará junto con las jurisdicciones provinciales las actuaciones que correspondan a efectos de prevenir y reducir los posibles daños por futuras emergencias y/o desastres agropecuarios, para lo cual se realizará:

a) Planificación, organización e implementación de acciones de determinación y/o monitoreo y/o prevención y/o morigeración de los riesgos que puedan derivar en eventuales emergencias y/o desastres agropecuarios, como así también todas las medidas y actividades desarrolladas para reducir y/o impedir la vulnerabilidad y las pérdidas potenciales;

b) Identificación y evaluación del nivel de vulnerabilidad, sistemas de alertas, el uso de la tierra, protección actual de sitios más vulnerables;

c) Establecer las directrices de actuación previa a la ocurrencia de los eventos climáticos, meteorológicos, biológicos, telúricos o físicos que puedan potencialmente crear situaciones de emergencia y/o desastre agropecuario;

d) Colaborar con los gobiernos provinciales para la asistencia a los productores agropecuarios para organizar y poner en funcionamiento programas integrales de prevención y reducción de los niveles de vulnerabilidad ante las situaciones de emergencia y/o desastre agropecuario y preparar a la población rural para actuar ante la ocurrencia de los mismos;

e) Colaborar con los gobiernos provinciales en la elaboración y coordinación de los subprogramas provinciales destinados a preparar a la población para las emergencias y/o los desastres agropecuarios.

ARTICULO 12. — Los recursos asignados en la ley general de presupuesto destinados a las acciones de prevención, y los recursos del Fondo creado por la presente ley para mitigar y/o reparar los daños causados por las situaciones de emergencias y desastres agropecuarios contemplarán:

1. Gastos de inversión y funcionamiento de los entes públicos que desarrollarán los sistemas de prevención, ordenamiento de tierras, medidas de mitigación y preparación de los productores agropecuarios para reducir la vulnerabilidad;

2. Gastos de inversión y funcionamiento de los beneficiarios directos que se deriven de medidas de mitigación o para reducir la vulnerabilidad de sus unidades productivas con mayor riesgo de posibles emergencias y/o desastres agropecuarios.

3. Programas específicos permanentes de prevención y mitigación de emergencias y/o desastres agropecuarios desarrollados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos.

ARTICULO 13. — Los recursos asignados en la ley general de presupuesto destinados a las acciones de prevención y los recursos del Fondo creado por la presente ley para mitigar y/o reparar los daños causados por las situaciones de emergencias y desastres agropecuarios para entes públicos serán:

a) Subsidios por única vez para la elaboración de proyectos, organización de la comunidad beneficiaria, sistemas de monitoreo y transferencia de la información, obras de protección, realización de mapas de riesgo, entre otras acciones de preparación para la posible ocurrencia de eventos adversos;

b) Subsidios para gastos de funcionamiento de los sistemas de alerta conformados durante los primeros tres (3) años.

ARTICULO 14. — Para la implementación del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos podrá establecer acuerdos de asistencia técnica y económica con entes públicos descentralizados, jurídicamente habilitados en el orden nacional, provincial o local para cumplir actividades de prevención y actuación durante y después de la emergencia y/o desastre agropecuario, con sujeción a las condiciones que establezca para ello la autoridad de aplicación.

ARTICULO 15. — Los gastos que demande la implementación de todas las acciones y la política de prevención establecidas en la presente ley, serán solventados con los recursos que anualmente asigne la ley general de presupuesto y no afectará en ningún caso los recursos previstos en el Fondo creado en el artículo 16.

TITULO III

Del financiamiento del sistema

ARTICULO 16. — Créase el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), cuyo objetivo es financiar la ejecución del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios. La administración de dicho Fondo estará a cargo del Ministerio de Producción.

ARTICULO 17. — Los recursos del Fondo se conformarán con:

1. Los que se asignen anualmente por ley de presupuesto general para la administración pública nacional. Los recursos del fondo permanente deben ser como mínimo un monto anual equivalente a pesos. QUINIENTOS MILLONES ($ 500.000.000).

2. Los que reciba mediante herencias, legados y donaciones.

3. Las multas cobradas por infracciones a la presente ley.

4. Los provenientes de préstamos nacionales e internacionales y otros que disponga el Estado nacional al momento de atender situaciones de emergencia y/o desastre agropecuario.

ARTICULO 18. — Los recursos del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios estarán exclusivamente destinados a financiar los programas, proyectos y acciones del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios para mitigar y recomponer los daños ocasionados por la emergencia y/o desastre agropecuario, mediante acciones aisladas o programáticas dispuestas con carácter concomitante y posterior, según el caso, a la ocurrencia de la emergencia y/o desastre agropecuario.

ARTICULO 19. — Toda la información será de carácter y acceso público. La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos publicará en Internet toda la información sobre el funcionamiento de la Comisión, la asignación y uso de los recursos del Fondo y estará sujeta al contralor de la Auditoría General de la Nación.

TITULO IV

De los beneficiarios y beneficios

ARTICULO 20. — Son beneficiarios directos los productores agropecuarios afectados por eventos adversos en sus unidades productivas, que deban reconstituir su producción o capacidad productiva a raíz de las situaciones de emergencia y/o desastre agropecuario, y también los más vulnerables que a raíz de las mismas, deban emprender acciones de prevención o mitigación en el marco de la presente ley, especialmente aquellos productores cuya capacidad de producción haya sido afectada en tal magnitud que dificulta su permanencia en el sistema productivo sin la asistencia del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

ARTICULO 21. — Los recursos del Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios asignados a los beneficiarios directos para mitigación serán para:

a) Aportes no reembolsables para gastos de inversión para construir instalaciones, equipamiento, mejoras fundiarias u otras inversiones que reduzcan la vulnerabilidad de los pequeños productores agropecuarios;

b) Establecer líneas de crédito especiales, o garantizar por sí o través de sociedades de garantías recíprocas tales créditos destinados a financiar gastos de inversión y capital de trabajo para las medidas estructurales de mitigación en el establecimiento agropecuario y períodos de gracia de hasta dos (2) años incluso estableciendo bonificaciones de tasas o tramos no reembolsables de capital.

ARTICULO 22. — Declarado el estado de emergencia agropecuaria o desastre el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios podrá brindar:

1. Asistencia financiera especial para productores damnificados: las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, concurrirán en ayuda de los productores agropecuarios comprendidos en la declaración de emergencia o zona de desastre, aplicandode acuerdo a la situación individual de cada productor y con relación a los créditos concedidos para su explotación agropecuaria, las medidas especiales que se detallan seguidamente:

a) Espera y renovaciones a pedido de los interesados de las obligaciones pendientes a la fecha en que fije como iniciación de la emergencia o desastre agropecuario y hasta el próximo ciclo productivo, en las condiciones que establezca cada institución bancaria;

b) Otorgamiento, en las zonas de emergencia o desastre agropecuario, de créditos que permitan lograr la continuidad de las explotaciones, la recuperación de las economías de los productores afectados, y el mantenimiento de su personal, con tasas de interés bonificadas en un veinticinco por ciento (25%) en las zonas declaradas en emergencia agropecuaria y en un cincuenta por ciento (50%) en las zonas de desastre sobre las vigentes en plaza para estas operaciones conforme con las normas que establezcan las instituciones bancarias;

c) Unificación previo análisis de cada caso de las deudas que mantengan los productores con cada institución bancaria interviniente, en las condiciones que establezcan estas últimas;

d) Suspensión de hasta noventa (90) días y/o ciclo productivo después de finalizado el período de emergencia agropecuaria o zona de desastre de la iniciación de juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre agropecuario.

Los juicios ya iniciados deberán paralizarse hasta el plazo fijado en el párrafo anterior. Por el mismo período quedará suspendido el curso de los términos procesales de la caducidad de instancia y prescripción;

e) El Banco Central de la República Argentina otorgará los pedidos de asistencia crediticia que le formulen las instituciones oficiales nacionales, provinciales y privadas, que hayan implementado las medidas previstas en el inciso b) del presente artículo o relacionado las tasas de redescuento a lo dispuesto por dicho inciso.

2. Asistencia técnica y financiera realizando aportes no reembolsables para gastos de inversión y operación para recomponer la capacidad productiva, con preferencia a productores familiares con pequeñas escalas de producción y subsistencia. Facilitando en tales casos el cumplimiento de los requisitos formales exigidos para el acceso a los beneficios del sistema.

ARTICULO 23. — Se adoptarán las medidas impositivas especiales que seguidamente se indican, para aquellos responsables que con motivo de la situación de emergencia y/o desastre agropecuario vean comprometidas sus fuentes de rentas, siempre que la explotación agropecuaria se encuentre ubicada en ella y constituya su principal actividad:

a) Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias de las explotaciones afectadas, cuyos vencimientos se operen durante el período de vigencia del estado de emergencia agropecuaria o zona de desastre.

Las prórrogas para el pago de los impuestos mencionados tendrán un plazo de vencimiento hasta el próximo ciclo productivo a aquel en que finalice tal período. No estarán sujetas a actualización de los valores nominales de la deuda;

b) Se faculta al Poder Ejecutivo nacional para que pueda eximir total o parcialmente de los impuestos sobre los bienes personales y a la ganancia mínima presunta sobre aquellos bienes pertenecientes a explotaciones agropecuarias e inmuebles rurales arrendados respectivamente, ubicados dentro de la zona de desastre y afectados por esa situación extraordinaria.

Para graduar las mencionadas exenciones el Poder Ejecutivo nacional evaluará la intensidad del evento y la duración del período de desastre, pudiendo extenderse el beneficio hasta el próximo ciclo productivo después de finalizado el mismo;

c) Cuando se produzcan ventas forzosas de hacienda bovina, ovina, caprina o porcina podrá deducirse en el balance impositivo del impuesto a las ganancias, el cien por ciento (100%) de los beneficios derivados de tales ventas. Esta deducción se computará en los ejercicios fiscales en que las ventas hubieran tenido lugar.

A los fines de la deducción prevista en este artículo, se tomará el importe que resulte de restar al precio neto de venta de la respectiva hacienda, el valor impositivo que la misma registraba en el último inventario.

Se considera venta forzosa la venta que exceda en cantidad de cabezas, el promedio de las efectuadas por el contribuyente en los dos (2) ejercicios anteriores a aquél en el cual se haya declarado la zona en estado de emergencia o desastre agropecuario, considerando cada especie y categoría por separado y en la medida en que dicho excedente esté cubierto por operaciones realizadas durante el período dentro del año fiscal en que la zona fue declarada en estado de emergencia o desastre agropecuario. Si la explotación se hubiere iniciado en el ejercicio anterior, se tomará como índice de comparación las ventas realizadas en ese ejercicio.

Los contribuyentes responsables que hagan uso de estas franquicias, deberán reponer como mínimo, el cincuenta por ciento (50%) de la cantidad de cabezas vendidas forzosamente de la misma especie y categoría, a más tardar al cierre del cuarto ejercicio, contado a partir del ejercicio en que finalice el período de emergencia o desastre agropecuario y mantener la nueva existencia por lo menos dos (2) ejercicios posteriores a aquél en que debe efectuarse la reposición.

En caso de no cumplirse con estos requisitos deberá reintegrarse al balance impositivo del año en que ocurra el incumplimiento, la deducción efectuada que proporcionalmente corresponda al importe obtenido por las ventas forzosas, no reinvertido en la reposición de animales o a la reposición no mantenida durante el lapso indicado;

d) Liberación en las zonas de desastre, del pago arancelario del Mercado Nacional de Hacienda, a las haciendas que ingresen en dicho mercado procedentes de zonas de desastre;

e) La Administración Federal de Ingresos Públicos suspenderá hasta el próximo ciclo productivo después de finalizado el período de emergencia o desastre agropecuario, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados por los contribuyentes comprendidos en la presente ley.

Los juicios que estuvieran en trámite para el cobro de impuestos comprendidos por la franquicia deberán paralizarse hasta el vencimiento del plazo fijado en el párrafo anterior.

Por el mismo período quedará suspendido el curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia;

f) La Administración Federal de Ingresos Públicos dictará las normas complementarias pertinentes para la aplicación y fiscalización de los beneficios acordados por la presente ley.

En el orden de las obras públicas, se procederá, con carácter de urgencia, a la asignación de partidas con la finalidad de llevar a cabo la reparación y/o construcción de las obras públicas afectadas o que resulten necesarias como consecuencia de los factores que dieron origen a la declaración del estado de emergencia agropecuaria o de la zona de desastre, previo estudio del conjunto de las mismas que permita establecer prioridades para el empleo de los fondos disponibles.

ARTICULO 24. — La ayuda económica establecida en las medidas preventivas y de mitigación, debe considerar el principio de equidad y dar prioridad a los productores agropecuarios considerados como agricultores familiares.

TITULO V

De las penalidades

ARTICULO 25. — El que obtuviera alguno de los beneficios de la presente ley mediante la falsificación de un documento o la adulteración de uno verdadero será sancionado con una multa que corresponderá hasta diez (10) veces el equivalente de la suma del beneficio obtenido.

ARTICULO 26. — El que diere a los beneficios establecidos en la presente ley un destino, en todo o en parte, distinto a la finalidad para la que fueron otorgados será reprimido con una multa que corresponderá hasta diez (10) veces el equivalente de la suma del beneficio obtenido.

ARTICULO 27. — El que se valiera de instrumentos falsos o adulterados, documento falsificado, adulteración de documento, con el fin de respaldar gastos de los beneficios establecidos en la presente ley será sancionado con una multa equivalente en hasta veinte (20) veces los montos respaldados fraudulentamente.

ARTICULO 28. — Resulta aplicable a la obtención indebida de los beneficios fiscales que establece la presente ley, además de las disposiciones de los artículos precedentes, los artículos 4º y 5º de la Ley 24.769. La denuncia del ilícito deberá ser efectuada por la autoridad de aplicación, siendo aplicables las normas de la citada ley penal tributaria.

TITULO VI

De la aplicación

ARTICULO 29. — Ambito de aplicación. La presente ley será de aplicación en la totalidad del territorio de la Nación Argentina.

ARTICULO 30. — Autoridad de aplicación. Será el Ministerio de Producción el organismo de aplicación de la presente ley, y administrará el Fondo creado por la misma.

ARTICULO 31. — Los productores declarados en situación de emergencia o desastre agropecuario podrán, siempre que la explotación no se realice en zonas consideradas ecológicamente no aptas para el desarrollo de la actividad agropecuaria, hacer uso de los beneficios emergentes de la presente ley, en casos excepcionales debidamente fundados cuando los riesgos y/o daños puedan estar cubiertos o amparados bajo el régimen de seguros, con sujeción, esto último, a la reglamentación que dicte la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación.

ARTICULO 32. — Los recursos del Fondo creados en el artículo 17 y no utilizados al final de cada ejercicio, serán afectados en el ejercicio siguiente para financiar el sistema de prevención enunciado en la presente ley.

ARTICULO 33. — Invítase a todas las provincias a que adhieran a la presente normativa, sancionando leyes dentro de su jurisdicción que tengan un objeto principal similar al de la presente ley.

ARTICULO 34. — Derógase la Ley 22.913 y sus modificatorias y cualquier otra norma que regule la materia.

Deróganse los artículos 1º y 2º del decreto 632 del año 1987.

ARTICULO 35. — La presente ley deberá ser reglamentada en el plazo de los noventa (90) días de ser promulgada.

ARTICULO 36. — Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN BUENOS AIRES, A LOS VEINTE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL NUEVE.

— REGISTRADA BAJO EL Nº 26.509 —

JULIO C. C. COBOS - EDUARDO A. FELLNER - Marta A. Luchetta - Juan H. Estrada

EMERGENCIA AGROPECUARIA

Decreto 1144/2009

Obsérvase parcialmente la Ley N° 26.509.

As., 27/8/2009

VISTO el proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.509, sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION el 20 de agosto de 2009, y

CONSIDERANDO:

Que por el citado Proyecto de Ley se crea en el ámbito de la SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS del MINISTERIO DE PRODUCCION, el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios, con el objetivo de prevenir y/o mitigar los daños causados por factores climáticos, meteorológicos, telúricos, biológicos o físicos, que afecten significativamente la producción y/o la capacidad de producción agropecuaria, poniendo en riesgo de continuidad a las explotaciones familiares o empresariales, afectando directa o indirectamente a las comunidades rurales.

Que por el artículo 16 del Proyecto de Ley se crea el Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (FONEDA), destinado a financiar los programas, proyectos y acciones del Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

Que entre las medidas especiales destinadas a la asistencia financiera especial para productores damnificados establecidas en el artículo 22 se dispone que el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA otorgue los pedidos de asistencia crediticia que le formulen las instituciones oficiales nacionales, provinciales y privadas, que hayan implementado las medidas previstas en el inciso b) de dicho artículo o relacionado las tasas de redescuento a lo dispuesto por dicho inciso.

Que lo dispuesto en el artículo 22 punto 1 inc. e) del Proyecto de Ley generaría una excepción a las prohibiciones que contempla la Carta Orgánica del BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA, aprobada por la Ley Nº 24.144 y modificatorias.

Que, en consecuencia, resulta conveniente observar el inciso e) del punto 1 del artículo 22 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.509.

Que el artículo 32 del Proyecto de Ley Nº 26.509 establece que los recursos del Fondo creados en el artículo 17 y no utilizados al final de cada ejercicio, serán afectados en el ejercicio siguiente para financiar el sistema de prevención enunciado en la citada ley.

Que al no provenir el financiamiento del FONEDA de un recurso específico, sino de Rentas Generales, no corresponde que se afecten al ejercicio siguiente los saldos de créditos no devengados.

Que, en consecuencia, resulta conveniente observar el artículo 32 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.509.

Que las medidas que se proponen no alteran el espíritu ni la unidad del Proyecto de Ley sancionado por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas al PODER EJECUTIVO NACIONAL por el Artículo 80 de la CONSTITUCION NACIONAL.

Por ello,

LA PRESIDENTA DE LA NACION ARGENTINA EN ACUERDO GENERAL DE MINISTROS

DECRETA:

Artículo 1º — Obsérvase el inciso e) del punto 1 del artículo 22 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.509.

Art. 2º — Obsérvase el artículo 32 del Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.509.

Art. 3º — Con las salvedades establecidas en los artículos precedentes, cúmplase, promúlgase y téngase por Ley de la Nación el Proyecto de Ley registrado bajo el Nº 26.509.

Art. 4º — Dése cuenta a la Comisión Bicameral Permanente del HONORABLE CONGRESO DE LA NACION.

Art. 5º — Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. - FERNANDEZ DE KIRCHNER - Aníbal D. Fernández - Aníbal F. Randazzo - Jorge E. Taiana - Nilda C. Garré - Amado Boudou - Débora Adriana Giorgi - Julio M. de Vido - Julio C. Alak - Carlos A. Tomada - Alicia M. Kirchner - Juan Luis Manzur - Alberto E. Sileoni.